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Creo que gana Lenín

Creo que gana Lenín

por Enrique Lacolla

Dos hechos han marcado en estos días la batalla política que se viene librando en toda Iberoamérica entre la ofensiva de la reacción y las tendencias populares que retroceden después de su período de auge en la primera década del siglo XXI. El más positivo fue el triunfo de Lenín Moreno en la segunda vuelta de las elecciones ecuatorianas. Aunque tal vez no sea una “batalla de Stalingrado”, la clara victoria de Alianza País sobre el CREO de Alejandro Lasso pone una piedra en el camino de la ofensiva neoliberal que está barriendo el subcontinente desde fines del 2015. Por primera vez, desde la elección de Mauricio Macri en Argentina, se demuestra que es posible un gobierno popular se sostenga contra las ofensivas mediáticas y las operaciones psicológicas que los medios oligopólicos ponen en juego gracias a su enorme disponibilidad de recursos. La gimnasia comunicacional, alimentada por cantidades inauditas de dinero, puede aprovechar y explotar los errores o las deficiencias de los gobiernos populares hasta extremos que están fuera de toda proporción. Este es el monstruo que ha sido vencido, al menos en esta ocasión, en Ecuador. El desastre de la Argentina no se ha repetido.

La otra espada de la que se vale el sistema para derribar a los gobiernos de la oleada popular y progresista son los golpes institucionales. Honduras, Paraguay y Brasil dan cuenta de la eficacia de este método. En Venezuela la situación es algo más compleja, pues a pesar del arraigo popular que consiguiera el chavismo, las insuficiencias de la llamada revolución bolivariana y su fracaso a la hora de diversificar una economía basada en el monocultivo la dejaron inerme ante la caída de los precios del petróleo. Esta generó una situación en la cual una oposición que siempre ha estado en el límite de la rebeldía rampante, encontró los márgenes electorales suficientes para conquistar la mayoría en el congreso y para pedir el referéndum revocatorio que el mismo chavismo había asentado en la constitución, con una ligereza hija del optimismo desenfrenado generado por las primeras victorias. El gobierno de Nicolás Maduro (quien obviamente no reúne ni las capacidades ni el carisma de Hugo Chávez) quedó atrapado en sus propias redes y, ante las dificultades que se le suscitaban, no encontró otra vía de salida que recurrir a algo que la oposición llamó, con cierta razón, un autogolpe: transfirió la autoridad del poder legislativo al Tribunal Supremo de Justiciaa través de una resolución emanada de este mismo. El experimento no prosperó: la condena internacional fue marcada [i]y, en el ámbito interno, mucho más importante que el batifondo suscitado por la oposición fue la división que se transparentó en el chavismo y el silencio de las fuerzas armadas, sector de donde surgió el movimiento bolivariano y que tradicionalmente (como en toda Latinoamérica) han actuado como el fiel de la balanza en todas las situaciones de crisis.

La situación es inquietante pero tal vez lo sería más si no se hubiera destrabado con la marcha atrás de Maduro. No nos vamos a desgarrar las vestiduras por el expediente al que apeló el presidente venezolano, pues no le era posible sentarse a esperar que la fiera lo devorase sin apelar a algún tipo de expediente legal o pseudolegal que compensara las que han prodigado las fuerzas de la reacción a lo ancho y lo largo del subcontinente; pero es evidente que ganar tiempo no basta para ganar la batalla. Hace falta en Venezuela –y por extensión de todos los movimientos nacional-populares que bullen en Suramérica- la definición de un programa de cambios de fondo y la formación de los cuadros que son necesarios para llevarlos a cabo. Tal como están las cosas no se puede esperar a que ese proceso cristalice lentamente sino que habrá que ir forjándolo sobre la marcha. Y en Argentina el paro general del jueves está advirtiendo que las puertas se abren para empezar a empujarlo hacia adelante.

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[i] En la Unasur, como era de esperar, los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Colombia condenaron la transferencia de poderes. Por otro lado la OEA, pasando por encima de la suspensión ordenada por Bolivia, presidente del titular del Consejo Permanente, aprobó una resolución prohijada por México y Estados Unidos calificando a la situación producida en Venezuela como “una grave alteración institucional”, tras una sesión en la cual los miembros del ente panamericano desdeñaron de las protestas la canciller venezolana, que calificó a esa resolución como una injerencia flagrante en los asuntos internos de su país. Ecuador y Nicaragua salieron en su apoyo. El representante de este último país definió a la declaración como un “linchamiento político” de Venezuela.

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